La Junta de Comunidades suma 6,5 millones de euros en contrataciones de emergencia COVID para centros de mayores y personas con discapacidad

El último Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de seis contrataciones de emergencia por importe de 1.050.000 euros realizadas por la Consejería de Bienestar Social.
 
Blanca Fernández ha destacado que el objetivo de estas contrataciones es “garantizar la protección de las personas mayores y de las personas con discapacidad que residen en centros públicos de la red de la Junta de Comunidades, y también de la protección de su plantilla, porque se trata esencialmente de la compra de materiales de protección y del pago de 40 plazas residenciales”.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento de seis contrataciones de emergencia, por importe de 1.050.000 euros, realizadas por la Consejería de Bienestar Social hasta el 26 de octubre de 2020 para centros de mayores y de personas con discapacidad con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Con este importe, Bienestar Social suma 6,5 millones euros para contrataciones de emergencia COVID cuya misión es “garantizar la protección de las personas mayores y de las personas con discapacidad que residen en centros públicos de la red de la Junta de Comunidades y también la protección de su plantilla, porque se trata esencialmente de la compra de materiales de protección y también del pago de 40 plazas residenciales”, tal como ha explicado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

Estas adquisiciones quedan enmarcadas en el Decreto autonómico 24/2020, de 19 de junio, que establece las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y su Capítulo VIII, referido a las ‘Medidas en el ámbito de los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales’.

Por tanto, la acción llevada a cabo por el Gobierno del presidente García-Page, tal y como ha explicado la portavoz regional, consiste en seis contratos para plazas residenciales, y para la adquisición de material como mascarillas FFP2, mascarillas quirúrgicas, batas y buzos desechables o guantes de nitrilo, entre otros.

En primer lugar, Blanca Fernández ha informado sobre el contrato llevado a cabo con la residencia de mayores de Villacañas (Toledo), declarada Centro de Referencia Regional por la autoridad sanitaria, que permite la contratación de los servicios de 40 plazas durante 60 días para personas afectadas por COVID-19 por un importe de 159.594 euros. En dicha residencia se lleva a cabo la atención integral de personas que obtienen el alta hospitalaria porque no precisan continuar ingresados en el hospital desde un punto de vista clínico -incluidas altas de Urgencias-, pero que no se han negativizado o no han cumplido el periodo de aislamiento establecido por las autoridades sanitarias.

La portavoz regional ha resaltado la importancia de esta medida preventiva, ya que beneficia “a personas mayores afectadas por COVID-19 que no podían ser atendidas a su salida del hospital, ni por otros centros residenciales ni por sus familias, de manera que se les atiende a través de este tipo de plazas. En definitiva, se trata de dar respuesta permanente a las necesidades que nos va imponiendo la pandemia”.

Adquisición de material de protección

En cuanto al resto de contrataciones de emergencia que se presentan ante el Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad ha detallado que se trata de 8.500 batas desechables por importe de 20.400 euros; 2.607 buzos desechables por importe de 30.632 euros; 93.000 calzas, 40.000 gorros, 61.000 manguitos y dos millones de guantes de nitrilo por importe de 476.410 euros; 500.000 mascarillas quirúrgicas por importe de 75.000 euros y 160.000 mascarillas FFP2 por importe de 288.000 euros.

Blanca Fernández ha resaltado la importancia de esta compra ya que el objetivo primordial del Gobierno de Castilla-La Mancha es procurar protección al personal y a los y las usuarias de los centros de personas mayores y de personas con discapacidad de manera inmediata.

“En definitiva, se trata de un acuerdo para seguir protegiendo a la plantilla de los centros de mayores, de los centros que atienden a las personas con discapacidad y también para la protección de estas personas y para su atención cuando es necesario”, ha concluido la consejera.


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